El director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami), Roberto Castañeda Tejeda, reconoció la existencia de conexiones irregulares a la red hidráulica del municipio, las cuales generan pérdidas económicas y afectan la eficiencia del servicio.
El funcionario comentó que, desafortunadamente, hay usuarios que se conectan de manera irregular a las redes de agua potable, generando afectaciones operativas y económicas.
“Sí, desafortunadamente sí tenemos clandestinaje, algunos usuarios se conectan de manera irregular”, admitió el funcionario.
Castañeda Tejeda informó que como parte del programa de regularización de este trienio se lleva a cabo un barrido total en la ciudad para actualizar el padrón de usuarios y detectar aquellas tomas sin contrato o medidor formal.
El director explicó que la meta de la administración municipal es lograr en tres años el mayor porcentaje posible de usuarios en regla, y exhortó a quienes se encuentren en situación irregular a acercarse a Japami para iniciar un proceso de regularización voluntaria.
“La verdad es que tenemos que estar de manera regular. Lo justo es que consumamos el agua que requerimos, porque es un tema básico de calidad de vida, pero también hay que entender que entre todos tenemos que pagar el costo del servicio”, señaló.
Aunque no se cuenta con un dato exacto sobre el número de tomas clandestinas, el titular de Japami estimó que entre un 6 y un 8 por ciento de los usuarios podrían encontrarse en esta situación, lo que se traduce en una pérdida anual de hasta 40 millones de pesos.
Además, indicó que los recursos recuperados por la regularización de usuarios serán destinados a mejorar la infraestructura hidráulica, ya que aún existen tramos importantes de redes antiguas que deben ser sustituidos para mejorar la eficiencia física del sistema.
Sobre la implicación legal de estas conexiones irregulares, el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado subrayó que sí constituyen un delito y que existe un procedimiento jurídico para atender estos casos.
Sin embargo, afirmó que el organismo busca evitar procesos legales y, en cambio, apelar a la conciencia ciudadana.
“No quisiéramos caer en esta parte jurídica, más bien acudir a sus conciencias para que sean responsables y se contraten con nosotros”, concluyó.
