En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Penal en materia de violencia familiar con las que se establece que se sancionará a quien ejerza cualquier tipo de violencia y se agrega el supuesto de que también se considere violencia familiar equiparada cuando la persona agresora tenga responsabilidades de cuidado o apoyo con la víctima.
Antes: Artículo 221. A quien ejerza violencia física o moral contra una persona con la que tenga relación de parentesco…
Igual pena se aplicará cuando la violencia se ejerza contra quien haya mantenido una relación de las señaladas en el párrafo anterior o no teniendo ninguna de las calidades anteriores cohabite en el mismo domicilio del activo.
Ahora: Artículo 221. A quien ejerza violencia de cualquier tipo contra una persona con la que tenga relación de parentesco…
Igual pena se aplicará cuando la violencia se ejerza contra quien haya mantenido una relación de las señaladas en el párrafo anterior o no teniendo ninguna de las calidades anteriores cohabite en el mismo domicilio del activo o tenga responsabilidades de cuidado o apoyo.
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las congresistas Yulma Rocha Aguilar y Katya Cristina Soto Escamilla.
Rocha Aguilar señaló que el 2023 se manifestaron más de 14 mil denuncias por violencia familiar y aproximadamente 58 mil llamadas de emergencia de mujeres que han sufrido algún episodio de violencia, además de que solo el 7% de la violencia física o sexual que se ejerce contra las mujeres en el ámbito familiar es denunciada.
La congresista expresó que el dictamen busca modificar la definición del tipo penal de violencia familiar para que no solamente se considere la violencia física o moral ejercida contra las víctimas, sino cualquier tipo de violencia que esté nombrada en ley, aunado a que también se considere violencia familiar cuando ésta sea cometida por alguna persona que tenga en sus responsabilidades el cuidad o apoyo, sin importar que no tenga relación de parentesco o sentimental con la víctima.
Concluyó diciendo que la aprobación a las reformas se traduce a un avance sustancial para contribuir a que los procesos penales sean investigados y juzgados con perspectiva de género y de derechos humanos, así como lograr el garantizar la adecuada atención y protección a las víctimas de violencia.
La diputada Katya Cristina Soto Escamilla comentó que se refrendaba el compromiso con las familias de Guanajuato y reafirmaban que la tranquilidad, la seguridad y el desarrollo de las estas son la prioridad que orienta su agenda de trabajo.
“Desde el congreso del estado avanzaremos para perfeccionar la ley, de forma que atiendan adecuadamente la realidad de las familias, siendo una de ellas, la violencia en el ámbito familiar”, apuntó.
Manifestó que con estas modificaciones se refuerza tipo penal de violencia familiar, y se castigará a los violentadores en el seno de la familia que no cumplan con las características de parentesco, matrimonio o concubinato. Ejemplificó diciendo que una persona con discapacidad puede ser violentada por otras personas de las que recibe apoyo y que no cumplen la categoría de parentesco, o cuando personas adultas mayores son cuidadas por terceras personas y estás últimas son violentadoras.
“Queremos ampliar la protección para las personas con discapacidad y adultas mayores, así como otras personas, que requieren ser asistidas en sus actividades o vida cotidiana por parte de terceras personas que no necesariamente tienen un vínculo de parentesco, matrimonio y concubinato, pero por cierta causa se incorporaron al núcleo familiar”, indicó Soto Escamilla.
Además, se avalaron las solicitudes de licencia por tiempo definido e indefinido al cargo de diputado local formuladas por Laura Cristina Márquez Alcalá, César Larrondo Díaz, Susana Bermúdez Cano y María de la Luz Hernández Martínez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Se mandó llamar a María Abigail Ortiz Hernández, Francisco Javier López Saucedo, Ana Teres Camarena Gómez y María Guadalupe Jiménez Terrazas, diputados suplentes, respectivamente, para que rindan la protesta de ley u asuman las funciones correspondientes.
