Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ordenó investigar de oficio la filtración del acuerdo con el que se le dio trámite a una denuncia anónima en contra del ministro en retiro Arturo Zaldívar.
El pasado 12 de abril se dio a conocer el acuerdo con el que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF realizará las pesquisas sobre posibles faltas cometidas por Zaldívar Lelo de Larrea y su equipo cercano, incluidos Carlos Alpízar Salazar, Netzaí Sandoval Ballesteros y Arely Gómez.
A través de un comunicado conjunto de la Suprema Corte y la Judicatura Federal, se afirmó que esta última instancia no es competente, por lo que se notificó a la Corte de la denuncia anónima contra Zaldívar.
Según el comunicado, la Secretaría General de Acuerdos de Alto Tribunal incorporó la denuncia “a otras que se han presentado en casos distintos” para que se resuelva lo correspondiente.
Además, ambos órganos judiciales aseguraron que la ministra Piña Hernández es competente para pronunciarse sobre la admisión de quejas en contra de servidores públicos del Poder Judicial. De igual manera, se podrpan admitir denuncias que no se cuenten con pruebas siempre y cuando se describan los hechos que puedan constituir faltas administrativas, de acuerdo con una reforma a la normativa de la Judicatura Federal en 2020, durante el mandato de Arturo Zaldívar en la Corte.
De acredistarse los hechos por lo que se les acusa al ministro en retiro y integrantes de su equipo señalados en la denuncia, los servidores públicos serían responsables de atentar contra la independencia judicial, falta de imparcialidad y profesionalismo, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
Fuente Latinus
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