La economía local de Salamanca atraviesa un momento crítico debido a la inseguridad. Adrián Peña Gómez, director de Desarrollo Económico municipal, informó que entre 40 y 55 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) han tenido que cerrar sus puertas de manera definitiva a consecuencia de la extorsión y otros delitos.
El funcionario advirtió que este tipo de incidencias representan un golpe lapidario para el sector comercial. «Matan al comercio. El hecho de que te estén cobrando o que ya llegues a una extorsión, pues justo esto lo que hace es que cierren las cortinas», señaló, destacando que para los negocios familiares un cierre de esta magnitud suele ser irreversible debido al impacto económico y emocional.
Los desafíos: Amenazas virtuales y presenciales
De acuerdo con el padrón de la dependencia, las afectaciones se concentran principalmente en la zona urbana, aunque también se han registrado casos en comunidades rurales.
El problema combina llamadas y amenazas virtuales con situaciones más delicadas, como delincuentes que acuden directamente a los establecimientos o dejan mensajes intimidatorios.
El temor por la integridad de las familias, que en la mayoría de los casos atienden directamente los negocios, es el principal motor detrás de estas decisiones de cierre.
Respuesta institucional y baja asistencia a capacitaciones
Como parte de la estrategia para contener esta crisis, el municipio —en coordinación con autoridades estatales y federales— ha impulsado capacitaciones para que los comerciantes aprendan a identificar los distintos tipos de extorsión y sepan cómo actuar ante una amenaza.
Sin embargo, Peña Gómez lamentó que, a pesar de la evidente preocupación del sector, la asistencia a estas herramientas de apoyo sigue siendo baja. Por ello, hizo un llamado a difundir e involucrarse en estos programas para distinguir entre extorsiones reales y virtuales.
Finalmente, la Dirección de Desarrollo Económico aseguró que se mantiene una estrategia transversal con organismos empresariales y los distintos niveles de gobierno para fomentar la competitividad de las MiPyMEs, salvaguardar la actividad comercial y evitar que la economía local siga mermando por la inseguridad.
