La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de Miroslava por su probable participación en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, tras una investigación iniciada por una denuncia presentada por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).
La indagatoria comenzó luego de que un derechohabiente detectó un retiro no reconocido en su cuenta de ahorro voluntario y solicitó la revisión del movimiento, por lo que la representación legal del ISSEG presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la entonces empleada de mostrador presuntamente utilizó de manera indebida los sistemas informáticos y el lector biométrico de huellas digitales del Instituto para realizar disposiciones de recursos sin autorización de los titulares de las cuentas.
Las diligencias ministeriales incluyeron el análisis de videograbaciones y la revisión de operaciones efectuadas por la imputada, lo que permitió identificar diversos movimientos con características similares, con un monto superior a los 90 mil pesos.
Durante la audiencia, un Juez de Control determinó vincular a proceso a Miroslava por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, al considerar que existían datos de prueba sobre su probable intervención en hechos que afectaron el funcionamiento del ISSEG mediante el uso indebido de información y herramientas a las que tenía acceso por sus funciones.
La defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, misma que fue autorizada por un periodo de seis meses, con la condición de que la imputada acuda una vez al mes a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
En cuanto al daño patrimonial, la Fiscalía informó que los hechos también fueron investigados bajo el tipo penal de robo calificado cometido por empleado, debido a que los recursos eran administrados por el ISSEG, institución que reintegró las cantidades afectadas a las cuentas de los derechohabientes.
El asunto fue canalizado al área de mediación en sede ministerial, donde las partes celebraron un acuerdo reparatorio para resarcir el perjuicio económico ocasionado.
