Familiares de cuatro hombres que perdieron la vida en un accidente automovilístico ocurrido el pasado 12 de marzo sobre la carretera Dolores Hidalgo–San Luis de la Paz denunciaron irregularidades durante el proceso de entrega de los cuerpos realizado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
El percance se registró cuando las víctimas circulaban por dicha vía estatal, donde los cuatro ocupantes fallecieron a consecuencia del impacto. Tras el hecho, personal de la Fiscalía acudió al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Servicio Médico Forense.
En el SEMEFO se practicaron las necropsias de ley y se integró la documentación correspondiente para la posterior liberación de los cuatro cuerpos a sus familiares.
Una vez concluidos los procedimientos forenses, los restos de los cuatro fallecidos fueron entregados a funerarias contratadas por las familias, dentro de bolsas fúnebres cerradas y etiquetadas con los nombres correspondientes.
Sin embargo, al iniciar los trabajos de embalsamamiento, familiares comenzaron a notar inconsistencias que los llevaron a sospechar que algunos de los cuerpos no correspondían con sus seres queridos.
Ante la situación, las familias notificaron de inmediato a las autoridades para que revisaran la identificación de los cuatro hombres fallecidos en el accidente.
Personal de la Fiscalía acudió a las funerarias señaladas y procedió a retirar nuevamente los cuerpos para realizar una verificación detallada, donde se detectaron errores en la documentación, incluyendo inconsistencias en apellidos, datos personales y edades.
Tras la revisión, las autoridades corrigieron los registros y realizaron nuevamente la entrega de los cuerpos de los cuatro fallecidos, lo que provocó retrasos en la preparación de los servicios funerarios y generó molestia entre las familias.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó que inició investigaciones para esclarecer las irregularidades detectadas durante el proceso de identificación y entrega de los cuatro cuerpos, además de separar de sus funciones a servidores públicos involucrados mientras se desarrollan las indagatorias.
