Convocada por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura se llevó a cabo una mesa de trabajo para revisar cuatro propuestas de punto de acuerdo que pretenden exhortar a diversas autoridades para evitar que se criminalice a estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) por manifestarse.
El primero, solicita a la rectora de la Universidad de Guanajuato, para que deje de amedrentar por medio de la Fiscalía a los estudiantes manifestantes; así como a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que dé acompañamiento a los estudiantes denunciados.
El segundo, plantea pedir a la rectora de la citada universidad deje de criminalizar a las y los estudiantes que participaron en las manifestaciones que tuvieron lugar en sus instalaciones del 11 de septiembre al 3 de octubre del 2023, así como para que impulse prácticas democráticas que promuevan el diálogo y el respeto a la pluralidad de ideas, pensamiento crítico y derechos de la comunidad estudiantil; al Fiscal General del Estado para que garantice que la investigación de los delitos por daños por los que se acusa a los estudiantes de la UG con motivo de su participación en dichas manifestaciones se realice observando el debido proceso, con legalidad y respeto a sus derechos humanos; y al titular de la Secretaría de Gobierno para que a través de la Defensoría Pública haga efectiva la garantía de una adecuada defensa a dichos estudiantes acusados presuntamente por el delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, derivado de su participación en las mismas manifestaciones, sin criminalizarles.
El tercero, a fin de exhortar al Consejo General y la rectora general de la UG, para que conduzcan a la conciliación y entendimiento entre toda la comunidad universitaria, especialmente para con los estudiantes que durante el proceso de elección de titular de la Rectoría General ejercieron su derecho a la manifestación y a la protesta, y con los profesores que expresaron su apoyo a candidatura diversa, de quien fue electa. Se cumpla con lo convenido con los estudiantes y eviten la criminalización del derecho de protesta social.
Finalmente, el que plantea pedir al fiscal general para que ordene el cierre de la carpeta de investigación número 130424/2023 en contra de las y los estudiantes de la UG que ejercieron su derecho a la libre manifestación; a la Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede y base en Guanajuato de la Primera Región del Estado, para que garantice los derechos humanos de las y los estudiantes criminalizados por la Fiscalía General del Estado en la causa penal 1P1424- 89; y a la rectora general de la UG para que garantice los derechos de protesta y libertad de expresión de las y los estudiantes.
La congresista Irma Leticia González Sánchez expresó que las respuestas ofrecidas por la Universidad de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado eran ambiguas, por lo que consideró que no debía ser una petición de la Universidad de Guanajuato, sino que se tenía que retirar la renuncia. En ese sentido, consideró viable que el exhorto se dictamine en sentido positivo, y mencionó que el Poder Legislativo tenía responsabilidad al no querer reformar la Ley Orgánica de la Universidad para que haya más transparencia en los procesos de elección.
Por su parte, el diputado Armando Rangel Hernández apuntó que era correcto que había ambigüedad en las respuestas, por lo que se pronunció por pedir a la Universidad que puntualice si se retiró o no la carpeta, y con base en eso determinar el sentido del dictamen.
La asesora de la diputada independiente, Sandra Pedroza Orozco, se sumó a lo expuesto por la congresista Irma Leticia González Sánchez al señalar que se debía emitir el exhorto, independientemente de la respuesta complementaria que se dé por parte de la Universidad de Guanajuato.
Finalmente, se determinó que será en sesión de la Comisión donde se haga la solicitud de información sobre si se retiró o no la denuncia, para posteriormente determinar el sentido del dictamen.
Estuvieron presentes en la reunión las diputadas María de la Luz Hernández Martínez, Lilia Margarita Rionda Salas e Irma Leticia González Sánchez, así como el diputado Armando Rangel Hernández. Además, los acompañaron asesores de los grupos parlamentarios del PAN y MORENA, así como de la legisladora independiente.
