Las autoridades de Guanajuato aseguraron más de 178 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilegal en distintos operativos realizados en la entidad, informó la Secretaría de Seguridad del Estado.
Estas acciones fueron encabezadas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.
El 28 de febrero, en la carretera federal 45 libre Celaya-Salamanca, en Celaya, agentes estatales localizaron una toma clandestina activa en un predio tras detectar a un hombre con una garrafa de hidrocarburo, quien huyó del lugar.
El 1 de marzo, en la colonia Villa Los Álamos, en Celaya, se aseguró un servicio de herrería donde se encontraron mangueras de extracción y una motobomba, con apoyo de la Guardia Nacional y la Defensa Nacional. Ese mismo día, en la comunidad San Isidro de los Sauces, en Silao, una bodega con tomas clandestinas fue asegurada tras un reporte de personas armadas.
El 4 de marzo, en la comunidad Huitzatarito, en Abasolo, las autoridades localizaron un baldío con cuatro contenedores con 20 mil litros de hidrocarburo y tres más vacíos, así como una toma clandestina activa kilómetros adelante.
Además, mediante operativos de laboratorios móviles en carreteras, se verificó la legalidad del combustible transportado en pipas, resultando en el aseguramiento de varios tractocamiones.
El 24 de febrero, en Apaseo El Grande, se confiscaron 76 mil litros de gasolina ilegal. El 27 de febrero, en el mismo municipio, se aseguró un autotanque con 35 mil 370 litros de material asfáltico sin documentación.
Asimismo, el 3 de marzo, en la carretera Silao-San Felipe, se detectó un autotanque con 20 mil litros de gasolina sin acreditación, mientras que el 4 de marzo, en Irapuato, se aseguró otro con 27 mil 460 litros de material asfáltico de origen ilegal.
Los conductores y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal por presuntas violaciones a la Ley Federal de Hidrocarburos, que contempla sanciones de hasta 30 años de prisión y multas millonarias.
