Las diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, que busca incrementar la sanción penal en el delito de cobranza extrajudicial ilícita en el caso en que intervenga más de una persona, medie contrato, promesa o cualquier contraprestación, se utilicen armas de fuego, intervenga un servidor público, se utilicen menores de edad, se forme parte de un grupo de prestamistas y se ostente o se pertenezca a una organización criminal.
Al hacer uso de la voz, el diputado Alejandro Arias Ávila señaló la cobranza extrajudicial tiene por objeto obtener el cumplimiento de la obligación a través de un acuerdo directo entre la institución prestamista y el usuario. También mencionó que esta forma de cobranza se desarrolla en un plano previo al juicio dado que, si no tiene éxito, debiese ascender al plano judicial.
El legislador comentó que existen varias formas de buscar un acuerdo, siendo las más comunes por vía telefónica, carta u algún tipo de correo (físico o electrónico) o hasta visitar al domicilio particular o laboral del deudor, con el propósito de captar la atención del moroso a fin de informarle su situación de retraso para que cumpla su compromiso de pago.
“Hoy día, no es extraño que en periódicos, revistas, medios digitales y redes sociales se ofrezcan préstamos fáciles y sin necesidad de referencias crediticias, con montos muy bajos, lo cual atrae a quienes se ven en situaciones económicas críticas, que acude a la expedición de dichos préstamos, sin imaginar que los intereses son excesivos y deben ser cubiertos a diario, por lo que el monto se convierte en algo impagable iniciando ahí su calvario de presiones, amenazas y acoso para pagar los intereses y la deuda misma, sin que se acuda a las vías judiciales”, dijo.
Arias Ávila externó que la propuesta establece que se debe adicionar al delito de cobranza extrajudicial ilegal la intervención de un tercero, debido a que ahora los grupos delictivos se prestan para interceder, amedrentar o agredir a los deudores para obtener el pago de una deuda, por lo que se pretende el incremento de la sanción penal en el caso en que intervenga más de una persona, medie contrato, promesa o cualquier contraprestación.
Finalmente, el diputado agregó que las modificaciones contemplan que se adiciona un supuesto para cuando intervenga algún servidor público, donde además de las penas referidas, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
