Con el objeto de fortalecer las acciones en favor del grupo de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, y garantizarles una igualdad sustantiva y una vida digna, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional formuló una iniciativa de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato.
En su exposición de motivos, la diputada Katya Cristina Soto Escamilla comentó que la incorporación de la perspectiva de la discapacidad va dirigida a la plena participación de ese grupo en situación de vulnerabilidad dentro de la sociedad en general, que no puede quedar solo en el discurso, sino en la implementación de acciones que deben reflejarse en el quehacer social de las personas.
Mencionó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los principales tipos de discapacidad que afectan a las personas con discapacidad en el país son la discapacidad motriz, la cual afecta a 47.6% de la población; la visual 43.5% y la auditiva 21.9%.
Soto Escamilla enfatizó que resultaba de suma importancia el lograr garantizar a las personas con discapacidad su derecho a la libertad de expresión, opinión, educación, salud, cultura, deporte y acceso a las distintas dependencias administrativas, de procuración o de justicia.
“Se pretende fortalecer los mecanismos para que las personas con discapacidad tengan mayor posibilidad de en la toma de decisiones con la finalidad de reducir la brecha de desigualdad y garantizar la igualdad de oportunidades”, enfatizó.
La legisladora precisó que se busca fortalecer y promover el aprendizaje de la lengua de señas, así como promover la utilización del Sistema Braille y otros modos, medios y formatos de comunicación con la finalidad de disminuir la brecha que permita la inclusión dentro de la familia y de la sociedad.
Entre las reformas planteadas se contempla dentro de los derechos de las personas con discapacidad el respeto a la integridad mental y de su dignidad inherente; a participar plenamente en su familia, a que se les garantice la máxima independencia posible; se pretende establecer que el Ejecutivo estatal deberá promover la capacitación y el aprendizaje que contribuyan al desarrollo integral de las personas con discapacidad; que se cuente con un padrón de las organizaciones e instituciones estatales dedicadas a la habilitación o rehabilitación de personas con discapacidad; promover la utilización de la Lengua de Señas Mexicana, el Sistema Braille, y otros modos, medios y formatos de comunicación; entre otros.
