La decisión que pueda anunciar este lunes el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de abandonar o permanecer en la jefatura del Ejecutivo, marcará la vida política más inmediata en el país y abre un escenario incierto con muchos interrogantes que, en su mayoría, tienen respuesta en la Constitución, la ley electoral y el Reglamento del Congreso.
La semana pasada, Sánchez anunció que analizará si renuncia o no la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia presentada contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesta corrupción.
La Constitución española prevé la posibilidad de que el presidente renuncie al cargo; al articulo 101 tiene previsto el escenario de una dimisión, fallecimiento de jefe del Ejecutivo y de una pérdida de confianza parlamentaria.
En este caso, la dimensión de Sánchez conllevaría que todo el gabinete, incluido el propio presidente y sus ministros, continuaran en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.
Ello significa que durante ese periodo, el gobierno estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar o de convocar elecciones.
Como ocurre después de unas elecciones generales, sería el Congreso el encargado de elegir al sucesor Sánchez; el proceso, establecido en el artículo 99 de la Constitución, sería idéntico al de las investiduras que se celebran tras unos comicios al Congreso y al Senado.
Fuente Latinus
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