
La controversia sobre el aumento en la tarifa del transporte público en Salamanca aúncontinua, pues hay pasajeros que hacen su pago de 10 pesos y otros de 12 pesos . La ciudadanía ha manifestado su inconformidad ante el incremento no autorizado a 12 pesos, mientras que los transportistas argumentan que el aumento es necesario para sostener el servicio.
En una entrevista reciente, el alcalde César Prieto Gallardo, informó que la administración municipal ha recibido seis denuncias formales de ciudadanos perjudicados por el incremento no autorizado en la tarifa.
El alcalde enfatizó que entiende la preocupación de la ciudadanía por un servicio que consideran deficiente, con vehículos en mal estado y un trato mejorable por parte de los choferes.
Sin embargo, también reconoció la difícil situación de los transportistas, quienes aseguran que después de cuatro años sin un aumento de tarifa, los costos de operación, especialmente el de la gasolina, han subido a niveles insostenibles.
«Entendemos la desesperación de los transportistas, pero debemos actuar conforme a la norma», declaró Prieto Gallardo.
Para buscar una solución al conflicto, la Comisión Mixta Tarifaria se reunirá este miércoles 19 de agosto, para analizar la situación. El alcalde hizo un llamado a la calma a los transportistas y aseguró que se realizará un estudio para determinar si el aumento es viable.
Prieto Gallardo dejó claro que cualquier incremento en la tarifa estará condicionado a mejoras significativas en el servicio. «Si hay un incremento, tiene que haber acuerdos», señaló, «que ellos mejoren su transporte público, que las personas que manejan, los choferes, también tengan una capacitación que les permita ser atentos con la gente y que las personas cuando se suban a un transporte en Salamanca se sientan seguros».
El alcalde reiteró que el gobierno municipal busca el diálogo y no la imposición. Por lo pronto, se han reportado seis infracciones a transportistas que cobraron la tarifa de 12 pesos sin autorización.
La administración espera alcanzar una resolución que beneficie tanto a los transportistas como a la ciudadanía.