La gobernadora de de Puerto Rico, anunció este domingo en ley un controvertido proyecto que reconoce al no nacido como persona natural y que ha desatado el rechazo de múltiples sectores, incluidos profesionales de la salud.
El Proyecto del Senado 504 busca enmendar el Código Civil de Puerto Rico para calificar que “el ser humano en gestación nasciturus es persona natural incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro dentro del útero materno”.
La medida es de la autoría del presidente del senado, Thomas Rivera Schatz, y de varios senadores conservadores, en su mayoría del Partido Nuevo Progresista, liderado por la gobernadora.
Recientemente, más de 320 médicos y profesionales de la salud en Puerto Rico hicieron un llamado urgente a la gobernadora para que no firmara el proyecto considerado “un riesgo para la vida de las mujeres gestantes”.
En una carta, los firmantes advirtieron que el proyecto, que propone reconocer capacidad jurídica al embrión desde la concepción, representa una alteración sustancial al marco legal del Código Civil vigente y podría tener consecuencias graves y directas sobre la práctica médica y la autonomía de las mujeres y personas gestantes.
“Bajo esta propuesta legislativa hay unos escenarios críticos que podrían volverse más peligrosos, como los embarazos ectópicos, hemorragias masivas o desórdenes placentarios”, explicó Yari Vale Moreno, ginecóloga obstetra.
La ginecóloga agregó que permitir la intervención legal de terceros (incluyendo ex parejas o personas no vinculadas clínicamente) podría “retrasar decisiones médicas urgentes y poner en riesgo la vida de la persona gestante”.
Los firmantes advirtieron sobre las complicaciones en casos en los que una persona gestante enfrenta un diagnóstico de cáncer durante etapas tempranas del embarazo, pues la medida podría limitar el derecho a la interrumpir la gestación para permitir tratamientos que salvan la vida.
La misiva destaca además los casos de embarazo no viables o con malformaciones letales, donde la medida podría dar paso a que parejas o ex parejas interfieran en decisiones medidas necesarias, obligando a continuar gestaciones que impactan la salud física y emocional de la persona embarazada.
Alertaron a su vez sobre el riesgo de criminalizar pérdidas de embarazo por razones médicas y denunciaron que la medida perdía otorgar nuevas herramientas legales a agresores en caso de violencia doméstica, extendiendo su control sobre la persona gestante.
Fuente El Universal
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