El pasado 7 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una reforma a la ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en México. El documento —que ya fue recibido por la Cámara de Diputados para su revisión, votación y aprobación— establece que la iniciativa “busca el fortalecimiento financiero del ISSSTE” y regresar al FOVISSSTE “las atribuciones de adquisición, construcción, rehabilitación y renta de viviendas”. Una de las principales promesas de la actual Administración es la construcción de al menos un millón de viviendas sociales.
La propuesta del Gobierno de Sheinbaum forma parte del Plan para la Transformación del ISSSTE, cuyo lanzamiento ha provocado protestas en diversos estados del país, especialmente entre los maestros, quienes aseguran que no se ha dado suficiente información sobre el alcance de la reforma y también se quejan de que la propuesta contempla un aumento en las aportaciones de los trabajadores al seguro social cuando los salarios superen los 30.000 pesos.
En su conferencia matutina de este 26 de febrero, Sheinbaum dijo que “a los maestros no se les va a descontar nada más de lo que actualmente existe en la ley. No impacta a trabajadores de base de los gobiernos, no impacta a trabajadores del sector salud, sino sencillamente en los trabajadores de confianza de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que tenemos un ingreso adicional por compensación”.
La iniciativa establece cambios en la forma en la que hasta ahora se calculan las cuotas de las personas trabajadoras. De considerarse únicamente el sueldo básico, con la reforma el cálculo se hará sobre el salario integrado en caso de que este supera las 10 UMAs al mes. Es decir, las personas trabajadoras de confianza y de base cuyos salarios superen los 30.000 pesos mensuales deberán incrementar sus aportaciones al ISSSTE. De acuerdo con el texto de la iniciativa, estos ajustes permitirían al ISSSTE recibir aproximadamente 11 millones de pesos al año, los cuales se destinarían al eje de salud. Sin embargo, esto ha sido visto por los sindicatos como una carga adicional para los empleados del sector público.
Fuente: El País
