El ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara, se encuentra bajo investigación por la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) del Congreso local acusado por el presunto desvío de recursos superior a los 256 millones de pesos durante su tiempo al frente del cargo que finalizó tras su destitución en febrero de 2025.
«La suma de los montos observados son 256 millones nada más del ejercicio 2023, son rubros diferentes, detalles, pero hay de todo, pagos a honorarios, nóminas, facturas canceladas, viajes al extranjero (Sudamérica y Europa) un tema muy grave, ya que contratas un bien o un servicio y esa factura está cancelada en el sistema y que podría suponer una simulación», mencionó José Blas Cuevas Díaz, titular de órgano fiscalizador.
El auditor, mencionó que el ex fiscal ha utilizado tácticas evasivas para no ser notificado de los presuntos desvíos que podría ser responsable de acuerdo con la revisión que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) practicó en el 2023 se encontró múltiples irregularidades, principalmente en nómina y pagos de honorarios.
Informó que la dependencia a su cargo no puede concluir los procesos de auditorías del 2023, debido a que el ex titular de la Fiscalía morelense usa maniobras evasivas para evitar ser notificado en sus cinco domicilios y eludir su responsabilidad.
«Seguimos con el proceso que marca la ley y se tendrá que hacer público por edictos, todas las etapas que él se niegue a recibir o hacerse notificar, —¿podemos decir que está prófugo?— aún no, porque el término no corresponde a la ESAF, pero la etapa está por concluir y de seguir así podríamos definirse que sí está prófugo».
Finalmente dijo que, en caso de que Uriel Carmona no solvente las observaciones hechas por la dependencia o no termine el proceso de fiscalización, entonces la ESAF turnará completas las observaciones por los 256 millones de pesos tanto al Tribunal Superior de Justicia como a la Fiscalía Anticorrupción y estas dependencias estarían en posibilidad de requerirlo judicialmente.
