
Alejandro Meneses Molina, Director del Bienestar y de Desarrollo Social y Humano, mencionó que ante el conflicto de intereses que presentan comunitarios de los cenizos Y quién se dice ser propietario del camino de acceso hacia esta zona, deben iniciar un proceso legal para que un juez determine los derechos de acceso de cada una de las partes involucradas.
Como antecedente, cabe recordar que el pasado 19 de Junio, comunitarios impidieron el paso de maquinarias para bloquear el camino de acceso, luego del intento del supuesto propietario para recuperar su parcela y detener el cruce tanto de vehículos como de personas por este tramo de parcela.
Esta inconformidad, movilizó a trabajadores de obras públicas desarrollo social y seguridad pública hasta este sitio para evitar un conflicto social, el cual pudo ser controlado porque el propietario decidió dejar que el cruce siguiera siendo utilizado para evitar afectaciones.
Sin embargo Alejandro Meneses, mencionó que hasta que no haya una resolución del conflicto por parte de un tribunal, la administración ofrece tres opciones para habilitar nuevos accesos, que puedan ser utilizados para el tránsito.
Uno de ellos, la que va de la comunidad de ‘Los Locos’ a «Los Loquitos», la recién inaugurada, que va del canal hacia «Los Razos», a ‘Los Cenizos’ y una tercer vialidad, que va desde el inicio de la propiedad en cuestión, hasta el camino pavimentado de ‘Los Razos’, al cual señaló, se le podría dar mantenimiento mientras se resuelve la problemática.
«Nosotros como administración les damos esas tres opciones, las dos primeras ya fueron rehabilitadas y a la última que va hacia el camino pavimentado le podríamos dar un mantenimiento para que la población tenga una tercera opción mientras se dirime el conflicto, pues nosotros no podemos ingresar y decir él tiene razón tú quítate o ellos tienen razón y tú salte, eso lo tiene que decidir un juez y tiene que ser resuelto entre los interesados«, mencionó.
Dijo que para poder hacer la intervención de mantenimiento, necesitan también la anuencia de los ejidatarios para que el municipio dentro de las las responsabilidades puedan intervenir, sin generar conflicto, mientras que el camino original sigue siendo utilizado hasta el momento.