A un año de la desaparición de Lorenza Cano Flores, buscadora salmantina privada de su libertad por hombres armados y cuyo hijo fue asesinado en el mismo ataque, su familia y las organizaciones Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato exigieron al Estado mexicano cumplir con su obligación de localizarla.
Señalaron que tanto el gobierno federal como el estatal han incumplido los compromisos establecidos en la Acción Urgente emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que calificó este caso como una desaparición forzada debido a la posible complicidad estatal.
Durante una reunión de seguimiento realizada en diciembre de 2024, autoridades y organismos internacionales acordaron estrategias para la búsqueda de Lorenza.
Sin embargo, los familiares denunciaron que no ha habido avances significativos y criticaron la indiferencia de las instituciones responsables.
En un comunicado, exigieron que la Fiscalía General del Estado, ahora bajo la dirección de Zucé Hernández, implemente de inmediato una estrategia de búsqueda en la zona sur de Guanajuato y que informe a la familia sobre los resultados obtenidos.
También demandaron que la Comisión Nacional de Búsqueda actúe de manera efectiva y que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas brinde apoyo adicional a los familiares de Lorenza, quienes enfrentan una profunda crisis tras un año de incertidumbre.
Los colectivos agradecieron el seguimiento de la ONU, pero subrayaron que cada día sin respuestas evidencia el desinterés de los gobiernos locales y federales en atender este caso y garantizar justicia.
