Integrantes de la Policía Estatal de Caminos expresan su preocupación por las condiciones laborales que enfrentan desde la llegada de personal anteriormente federal, ahora conocido como Fedepales, a sus instalaciones. Señalaron de manera anónima que no cuentan con un canal de comunicación efectivo para exponer la situación, por lo que buscan ser escuchados por la gobernadora.
Denunciaron que bajo la supervisión del Comisario Osornio y del oficial Miguel Ángel Martínez Guerra, el personal se ha visto obligado a jornadas extenuantes de 25 días trabajados por cinco de descanso, cumpliendo diariamente 12 horas de labores más cuatro horas adicionales de traslado.
Además, manifestaron que sus funciones se han limitado únicamente a proteger carreteras federales, ignorando su jurisdicción estatal. Afirmaron que los accidentes viales son desatendidos, argumentando los Fedepales que corresponde a los municipios atenderlos.
El grupo aseguró que existen vínculos entre los Fedepales y empresas de transporte de carga, recibiendo presuntos beneficios económicos a cambio de protección en carretera. Según los denunciantes, algunos federales estarían implicados en robos a transportistas, mientras buscan justificar detenciones ante autoridades ministeriales.
Relataron un caso en el que un compañero fue encarcelado por una supuesta extorsión, cuando en realidad cumplía órdenes directas del Comisario Guerra de solicitar dinero a una empresa de transporte.
Los policías también denunciaron irregularidades en la recuperación de vehículos y mercancías, señalando que muchos de los reportes de robo utilizados para justificar detenciones son creados artificialmente para aparentar resultados ante el Ministerio Público.
El personal exigió la restitución de los turnos tradicionales de 24 × 48, argumentando que las actuales jornadas violentan derechos laborales y afectan la vida familiar de los agentes. Recalcaron que la situación ha generado desgaste físico y emocional entre el personal.
Asimismo, denunciaron que el objetivo de los Fedepales es desplazar al personal ya establecido en caminos para reemplazarlo con exfederales, lo que consideran una medida injusta y arbitraria.
Finalmente, solicitaron directamente la intervención de la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo y del responsable de la corporación, Juan Mauro, para resolver la situación, restablecer turnos, garantizar sus derechos y permitirles equilibrar su labor con la vida familiar.
