Familiares de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de Agronomía de la Universidad de Guanajuato campus Irapuato-Salamanca, asesinado por la Guardia Nacional el 27 de abril de 2022, emitieron un pronunciamiento junto con su equipo legal a cuatro años de los hechos para exigir justicia y que no haya impunidad.
Durante el posicionamiento señalaron que, de acuerdo con su versión, no hubo razón para los disparos que realizaron los elementos federales, por lo que pidieron que existan sentencias firmes contra los agentes señalados como responsables.
La madre del estudiante, Norma Lucía Rangel Sánchez, recordó que el día de los hechos tres universitarios más que acompañaban a su hijo, todos menores de 20 años, también fueron alcanzados por los disparos realizados por los elementos federales.
La familia reiteró que el caso debe resolverse conforme a la ley y solicitó que el hecho no quede impune, al tiempo que insistió en que se haga justicia por la muerte del joven universitario.
Rangel Sánchez pidió a los medios de comunicación dar seguimiento a las audiencias de juicio oral contra dos elementos de la Guardia Nacional detenidos por el caso, las cuales iniciarán el martes 17 de marzo en la capital del estado.
Los abogados de la familia informaron que las audiencias podrían prolongarse por varios días o semanas, debido a que acudirán testigos, sobrevivientes, así como peritos de la Fiscalía del Estado y de la Fiscalía General de la República para presentar sus análisis ante el juez.
También se prevé la participación de peritos de la defensa y la posible declaración de los acusados, por lo que el juez deberá determinar si emite una sentencia condenatoria o absolutoria al término del proceso.
La acusación busca que los dos agentes sean sentenciados por los delitos de homicidio calificado en agravio del estudiante y homicidio calificado en grado de tentativa en contra de tres estudiantes que viajaban en la camioneta Eco-Sport.
Los abogados señalaron que, en caso de una sentencia condenatoria, las sanciones acumuladas podrían superar los 50 años de prisión, además de las medidas de reparación del daño correspondientes.
Actualmente uno de los elementos permanece en prisión preventiva en una cárcel militar de Zapopan, Jalisco, identificado como Jesús, mientras que el otro acusado, identificado como Iván, enfrenta el proceso en libertad con medidas restrictivas.
