En sesión ordinaria del Congreso del Estado, el dictamen que concentraba tres iniciativas para reformar el Código Penal con el objetivo de despenalizar el aborto voluntario no logró avanzar, luego de registrarse un empate en la votación.
Conforme al artículo 201 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, cuando hay empate, el asunto debe someterse nuevamente a discusión y votación en la siguiente sesión ordinaria.
Si el empate persiste, se reserva para el siguiente periodo ordinario y, de continuar sin resolución, se ordena su archivo definitivo.
Durante el debate, participaron diputadas y diputados tanto a favor como en contra del dictamen, exponiendo diversas posturas jurídicas, éticas y sociales.
La diputada Karol Jared González Márquez, una de las autoras del dictamen, defendió que no se trata de criminalizar a las mujeres, sino de mantener una conducta penalizada por ley sin perseguir a quien la realiza indiscriminadamente. Sostuvo que en Guanajuato no se criminaliza el aborto voluntario, y que lo importante es garantizar que las mujeres no sean obligadas a abortar.
Por su parte, el diputado Sergio Contreras, en contra del dictamen, advirtió que negar la despenalización no representa protección a la vida, sino una desconexión con la función de representación social del Congreso. Señaló que la penalización afecta principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a servicios médicos seguros.
El legislador Ernesto Millán subrayó que actualmente existen 73 carpetas de investigación abiertas por aborto en el estado, y que mantener esa figura en el Código Penal constituye violencia de género, pues contradice estándares internacionales de derechos humanos.
Desde otra postura, la diputada María Eugenia García Oliveros, también autora del dictamen, expresó que el objetivo de las iniciativas es garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no eliminar sanciones al aborto forzado, el cual, dijo, debería castigarse con más severidad.
Señaló que continuar con una norma que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte estigmatiza y vulnera los derechos de las mujeres.
En contraste, la diputada Susana Bermúdez Cano argumentó que el derecho a la vida comienza desde la concepción y que modificar el Código Penal en el sentido propuesto implicaría dejar sin protección jurídica a los no nacidos en etapas tempranas de gestación, lo que considera una violación constitucional.
Otras legisladoras, como Hades Berenice Aguilar Castillo y Martha Edith Moreno Valencia, coincidieron en que el debate no es sobre valores personales sino sobre justicia social, salud pública y derechos humanos, y que criminalizar el aborto expone a las mujeres pobres a procedimientos inseguros.
Desde la otra trinchera, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas defendió que el aborto sigue siendo delito en las 32 entidades del país, y que no existe obligación legal internacional para eliminar su penalización.
Agregó que el dictamen se basa en argumentos que no son jurídicamente válidos para justificar reformas de ese tipo.
Durante el intercambio, varios legisladores como Carlos Abraham Ramos y David Martínez Mendizábal señalaron que se sigue criminalizando a mujeres por abortar y que el Congreso tiene la responsabilidad de legislar desde los derechos y no desde el prejuicio.
Finalmente, los legisladores coincidieron en que se trata de un tema complejo, sin posturas unánimes.
El debate continuará en la próxima sesión del Congreso, conforme lo establece la ley, debido al empate registrado.
