La Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizó un acto sin precedentes con la destrucción de cientos de miles de bienes e instrumentos del delito que ya habían agotado su función jurídica.
La jornada marcó un momento histórico para la entidad, al consolidar procesos de procuración de justicia más ordenados, seguros y transparentes.
El evento se llevó a cabo al aire libre bajo estrictas medidas de Protección Civil y reunió a representantes de los tres poderes del estado, autoridades de seguridad y salud, mandos militares y federales, así como integrantes de la sociedad civil, medios de comunicación, universidades y bachilleratos.
Entre ellos estuvieron la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Fiscal General Gerardo Vázquez Alatriste, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Héctor Tinajero Muñoz y el Presidente del Congreso del Estado Roberto Carlos Terán Ramos.
También asistieron el Comandante de la 16ª Zona Militar, General de Brigada Estado Mayor Gabriel Martínez García; el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Guanajuato, General de Brigada del Estado Mayor Juan Manríquez Moreno; el Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez; el Jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Guanajuato, Martín Morales Hernández; el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Adrián Mata Osio.
Así como el Secretario de Salud del Estado, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá; y el Delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, Alejandro Vila Chávez.
A ellos se sumó José Salvador Beltrán González, Director de Verificación Programación del Destino Final de Bienes Asegurados de la FGR.
El programa “Bodegas Vacías” fue creado como respuesta a un problema que llevaba años creciendo: miles de objetos asegurados permanecían acumulados en el Almacén General de Indicios sin orden ni clasificación. Para revertir esta situación, el Fiscal General impulsó un proceso integral para ordenar, depurar y dar destino final a todos los objetos vinculados a investigaciones, garantizando procedimientos más seguros y confiables.
La Agencia de Investigación Criminal encabezó los trabajos en un proceso dividido en tres fases.
Primero se realizó un inventario minucioso, pieza por pieza. Posteriormente, se clasificaron narcóticos, aparatos electrónicos, armas, herramientas, documentos y muestras biológicas.
Después, cada agente del Ministerio Público revisó los objetos relacionados con sus carpetas de investigación para determinar su destino legal y avanzar hacia una depuración transparente y apegada a la ley.
Durante el evento se destruyeron 38,445 indicios y evidencias, con lo que se evitó que regresen a la circulación o sean utilizados para cometer delitos. Se incineraron 771.951 kilogramos de narcóticos, 533 armas de fuego y 9,065 indicios biológicos, estos últimos entregados a una empresa especializada. Además, se retiraron del almacén 329 herramientas y 254 aparatos electrónicos asegurados en distintos hechos delictivos.
El manejo de residuos electrónicos se realizó bajo estrictos estándares. Peritos de informática forense retiraron baterías de litio y componentes peligrosos de 280 teléfonos y dispositivos, entregándolos de manera segura a la autoridad ambiental correspondiente sin generar costos para la Fiscalía.
Estos resultados fueron posibles gracias al trabajo de servidores públicos del Almacén General de Indicios y de peritos especializados, quienes durante meses llevaron a cabo un esfuerzo técnico y sostenido. El programa “Bodegas Vacías” institucionaliza prácticas que impiden que los almacenes se conviertan en depósitos permanentes y garantiza que los indicios sean de tránsito, con una administración basada en criterios técnicos y legales.
El proyecto continuará como un programa permanente y se incorporará al reglamento interior de la Fiscalía para que la depuración se convierta en una obligación institucional.
Con ello se busca fortalecer la labor del Ministerio Público, asegurar el respeto a la cadena de custodia y garantizar procesos de justicia más transparentes y confiables para la ciudadanía.
