El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo del Grupo Parlamentario de MORENA presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar al Consejo General y la Rectora General de la Universidad de Guanajuato para que, con fundamento en sus facultades y autonomía, conduzcan a la conciliación y entendimiento entre toda la comunidad universitaria, especialmente con los estudiantes que durante el proceso de elección de titular de la Rectoría General ejercieron su derecho a la manifestación y a la protesta y con los profesores que expresaron su apoyo a candidatura diversa, de quien fue electa.
Además de que se cumpla con lo convenido con los estudiantes y en el caso particular de Valeria López Olmos, Armando Herrera Navarrete, Ignacio Morales Castillo, Alonso Díaz Herrera, Rodrigo Rivera Beltrán, Desiree Vázquez Pellón y Frida Trejo Estrada, con base en la libre disposición de los bienes con motivo de la autonomía universitaria, eviten la criminalización del derecho de protesta social.
En sus consideraciones, el legislador refirió que siete estudiantes de la Universidad de Guanajuato han sido notificados para comparecer a audiencia inicial penal para la formulación de imputación por el delito de daños ocasionados a inmuebles que tengan la característica de ser museos, archivos o edificios públicos, junto a bienes que tengan valor artístico o histórico, tras el ejercicio del derecho a la manifestación durante el proceso de elección de titular de la Rectoría General.
El congresista indicó que, concluido el proceso de elección con el nombramiento de la Dra. Claudia Susana Gómez López, se entabló comunicación con los manifestantes, llegando a acuerdos, entre los que está el compromiso de la autoridad universitaria, el no reservarse acciones legales con motivo de los sucesos propios de la protesta y manifestación estudiantil, y la toma de las oficinas de rectoría.
“Esta acusación penal contra los estudiantes es ya denunciada públicamente como persecución política e incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades universitarias. Resulta anticlimática la postura institucional, tratando de deslindarse de la actuación de la Fiscalía, porque en todo caso, como parte agraviada, puede hacer valer lo acordado con los estudiantes y detener la continuación del procedimiento penal, porque en base a su autonomía tiene libre disposición de sus bienes que, en este caso, al ser dañados, sí puede en un ámbito propio, decidir si persigue o no la reparación de estos”, dijo.
Prieto Gallardo externó que la actuación y participación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, se cataloga como excesiva por la falta de justificación en alguno de los delitos que ordinariamente le corresponde conocer e investigar a esta fiscalía, debido a que los hechos no corresponden a temas de secuestro, trata de personas, corrupción de menores, operaciones con recursos de procedencia ilícita, homicidio o robo de vehículos de alto impacto, que no concuerda con la normativa de dicha fiscalía especializada.
“Ante todos estos hechos, es oportuno exhortar a las diversas autoridades involucradas, para que, en estricto apego de sus facultades y autonomía, conduzcan a la conciliación y entendimiento su actuación. No se puede permitir que este hecho cambie el sentido del lema de la máxima casa de estudios del estado, para quienes deciden ejercer su derecho a la manifestación y a la protesta”, finalizó.
La obvia resolución no fue aprobada, por lo que el punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su dictaminación.
