Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato en materia de acceso a los servicios de salud para personas buscadoras.
Con estas reformas se establece como atribuciones del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas el atender y, en su caso, ampliar los lineamientos que regulen la participación de los familiares en las acciones de búsqueda; promover la articulación interinstitucional para la atención y seguimiento preferente de la salud física y mental de los familiares, grupos independientes de búsqueda y toda personas involucradas en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, independientemente si los padecimientos se generaron a partir del hecho victimizante.
Además, se incluye dentro de los derechos de los familiares, el acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención con enfoque diferencial y con perspectiva de género, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial y participar de las estrategias de la articulación interinstitucional para la atención y seguimiento preferente e la salud física y mental.
Al hablar a favor del dictamen, la diputada Susana Bermúdez Cano comentó que el voto a favor del dictamen permitirá, otorgar tratamientos médicos y psicológicos con enfoque diferencial, tanto a las víctimas como a los grupos colectivos y ahora, incluyendo a los grupos independientes de búsqueda, sin importar si el padecimiento se generó por el hecho victimizante.
“Es necesario instaurar medidas de atención prioritaria para personas involucradas en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas y éstas puedan acceder a un programa de coordinación interinstitucional y obtengan atención y seguimiento preferente a su salud”, enfatizó.
Finalmente, señaló que uno de los frutos de estos esfuerzos es que el Estado cuente con una ley en la materia idónea y acorde a las circunstancias que hoy se viven. Agregó que este dictamen refleja el compromiso que tiene el Poder Legislativo con las familias buscadoras y sus seres queridos que se encuentran desaparecidos.
