La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones analizó cuatro iniciativas de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
Dichas propuestas buscan modificar las funciones de las unidades operativas de investigación, con la finalidad de fortalecerlas y orientarlas hacia la adecuada participación policial en la procuración de justicia, respecto a la recepción de denuncias, a las funciones de detenciones autorizadas, procedimientos en los casos de que no se cuente con la capacidad de procesar la escena del hecho y de recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación del delito y de vinculación entre autoridades y particulares para fines de investigación.
De igual manera, implementar un modelo de policía ciudadana de proximidad social; otorgar facultades de investigación del delito a los cuerpos policiales del Estado y los municipios, realizar la función de inteligencia policial, así como ampliar su función de primeros intervinientes; y garantizar que las instituciones de seguridad pública, estatal y municipales tengan facultades para ejercer la investigación policial para el esclarecimiento de los hechos, eliminando conceptos y términos legales que impiden o limitan el ejercicio de sus funciones en los términos prescritos constitucionalmente.
Al hacer uso de la voz, Bernardina Elizabeth Durán Isaís, representante de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, indicó que debe ponderarse la iniciativa en los términos propuestos, toda vez que diversas atribuciones que se pretenden establecer para las policías son de atribución exclusiva del Congreso de la Unión y así evitar temas en materia de inconstitucionalidad.
Agregó que habría que equilibrar el tema de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y lo que se incide en tema procesal penal acorde al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde las unidades de investigación a nivel estatal y municipal cumplan con las competencias y acorde a las formalidades que lo establezca para no exceder estándares que conviertan hallazgos o pruebas en carácter ilícito.
En su intervención, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, integrante de la Coordinación General Jurídica del Estado, reiteró que las facultades que se pretenden modificar son de índole general y por ende son exclusivas del Congreso de la Unión, además de que se recomendó ponderar si las legislaturas locales tienen la facultad de incidir en una materia procedimental penal, cuando esta se encuentra reservada a la institución antes mencionada.
Respecto a las iniciativas que tienen en común otorgar facultades a las policías municipales y estatal para ejercer la investigación policial, Rodríguez Pacheco señaló que los elementos de seguridad son entes auxiliares del sistema de justicia que no tienen un margen de actuación arbitraria y que en el ámbito de investigación y persecución del delito el ejercicio de sus facultades debe estar subordinado al mandato del Ministerio Público, ya que en caso contrario la evidencia o datos de prueba adquieren el carácter de prueba ilícita y no pudieran ser objeto de valuación judicial.
El diputado Martín López Camacho señaló que el proceso legislativo siempre buscará evitar temas de inconstitucionalidad y que la actuación de las policías de investigación siempre será bajo la conducción y mando del ministerio público, pero que hay acuerdos que indican que es viable que las instituciones de seguridad pública estatal y municipal puedan generar y crear unidades de investigación y análisis que servirían para coadyuvar con las instancias procuradoras de justicia.
Por su parte, el legislador Bricio Balderas Álvarez comentó que es importante saber hasta dónde se excede las facultades y los límites con la policía de investigación, donde el tema central es que se pueda auxiliar a las instancias procuradoras de justicia.
En la reunión estuvieron presentes la diputada Yulma Rocha Aguilar; así como los diputados Martín López Camacho (presidente), Rolando Fortino Alcantar Rojas, Bricio Balderas Álvarez y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Todos ellos acompañados por representantes de la Fiscalía General del Estado y la Coordinación General Jurídica.
