Salamanca, Gto. — El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, reafirmó la postura institucional de no reconsiderar la aceptación de una recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), encabezada por Karla Alcaraz Olvera. El edil argumentó que el documento “a todas luces violenta el marco jurídico” y sugirió que fue utilizado con fines de «golpeteo político».
El presidente municipal dejó claro que la decisión de rechazar la recomendación no fue personal, sino colegiada. «Es el Ayuntamiento de Salamanca en su mayoría que no acepta su recomendación por violatoria del marco jurídico,» enfatizó Prieto.
La PRODHEG emitió la recomendación a raíz de la denuncia de un particular, quien señaló que el gobierno municipal no atendió su petición de mantenimiento a un parque dedicado a la memoria de víctimas de violencia.
A pesar de la queja y la subsecuente recomendación, el pleno del Ayuntamiento, a través del síndico Aarón Gasca Aguinaco, se encargó de comunicar la no aceptación del documento.
El munícipe señaló que la decisión del Ayuntamiento se basa en la ley. «Nosotros no podemos reconsiderar algo que a todas luces violenta el marco jurídico con todo respeto,» sentenció Prieto. Además, hizo un llamado a las instituciones a ser utilizadas de manera correcta.
»Evidentemente yo, más bien pediría que reconsideren el volver a utilizar este tipo de instrumentos como un arma o un instrumento de golpeteo político. Porque en ningún momento se violentó el derecho de ninguna persona aquí en Salamanca. Se respetan los derechos humanos,» aseguró.
César Prieto reveló que sostuvo una llamada telefónica «muy respetuosa» con la Procuradora, Karla Alcaraz, donde pudo comprender su posición y descartó que hubiera dolo o mala intención de parte de ella. Sin embargo, le reiteró que revisaran a fondo quiénes elaboran los proyectos, pues la recomendación choca con la Ley para el Gobierno y Administración de Municipios de Guanajuato, específicamente en el manejo del derecho de petición.
Ante la negativa, el alcalde solicitó que, si la Procuraduría lo desea, se les mande llamar al Congreso del Estado para que el Ayuntamiento explique por qué no acepta la recomendación y la PRODHEG exponga sus motivos para sostenerla.
