El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, exhortó nuevamente a los alcaldes del estado que han afirmado públicamente haber recibido amenazas a presentar la denuncia penal correspondiente.
Señaló que, sin ese procedimiento, la institución permanece sin capacidad legal para iniciar investigaciones.
El llamado surge después de que el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, hizo público que fue citado y presuntamente intimidado por integrantes del crimen organizado. A pesar de la gravedad de esas declaraciones, el hecho no ha sido formalizado ante la Fiscalía, lo que mantiene el caso únicamente en el terreno mediático.
El fiscal recordó que situaciones similares han sido expuestas en otros municipios, donde autoridades locales han hablado de presiones, intentos de condicionamiento e incluso propuestas de acuerdos ilícitos.
Sin embargo, ninguno de estos señalamientos ha sido llevado al ámbito legal, lo que impide cualquier avance institucional.
Vázquez Alatriste indicó que ha mantenido comunicación directa con quienes han manifestado riesgos, incluido el presidente municipal de Celaya, pero reiteró que ninguno ha dado el paso fundamental para activar los mecanismos de investigación y protección; la ausencia de denuncias mantiene a la Fiscalía imposibilitada para proceder.
El funcionario explicó que las expresiones públicas no sustituyen los procedimientos legales y no pueden ser consideradas como detonantes de una indagatoria formal.
Además, recalcó que, mientras no exista una querella presentada por la autoridad agraviada, los casos no pueden ser incorporados a ningún expediente.
También recordó que, en días recientes, otras alcaldesas han expuesto situaciones de amenaza, aunque de igual forma sin presentar documentación oficial ante el Ministerio Público.
Ante este panorama, el fiscal insistió en que la denuncia es la única vía para ofrecer acompañamiento institucional, garantizar medidas de protección y esclarecer si los hechos relatados corresponden a actos delictivos.
Finalmente, llamó a cada alcalde a cumplir con su responsabilidad legal y colaborar para que las instancias encargadas de la procuración de justicia puedan intervenir.
