Redacción Noticias 
El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, manifestó su preocupación por los hechos de violencia que se han registrado en el municipio de Salamanca.
En los últimos días se han presentado homicidios y privaciones ilegales de la libertad, lo que ha generado alarma entre la sociedad.
El jerarca católico señaló que la situación que vive Salamanca no es un hecho aislado, sino parte de un contexto regional que genera dolor y preocupación tanto en la Iglesia como en las comunidades que integran la diócesis.
Tras haber participado en una celebración eucarística en Salamanca, el obispo dijo que tuvo contacto directo con familias provenientes de distintas localidades, con quienes reflexionó sobre la compleja realidad de inseguridad que se enfrenta.
“A ver, nos duele lo que está pasando, no sólo en Salamanca, sino en toda nuestra región, yo ahorita mismo vengo de Salamanca, acabo de celebrar ahí una eucaristía muy bonita con el movimiento familiar cristiano, muchas familias de diferentes partes de nuestra diócesis, y comentábamos en la celebración la difícil situación que estamos viviendo en Salamanca y en todos los lugares”, dijo.
Indicó que durante estos encuentros pastorales se abordó la necesidad de no normalizar la violencia y de asumir, desde distintos frentes, la responsabilidad que implica reconstruir el tejido social.
El obispo subrayó que las autoridades gubernamentales tienen la obligación de atender las situaciones difíciles, particularmente en materia de seguridad, prevención del delito y protección de la ciudadanía.
Sin embargo, enfatizó que la familia también juega un papel central, al considerar que muchos de los hechos violentos tienen su origen en entornos familiares dañados o desatendidos.
Destacó que, desde su experiencia pastoral, incluso en los centros penitenciarios se observan familias heridas y marcadas por las consecuencias de la violencia, lo que refuerza la necesidad de una atención integral.
Finalmente, el obispo de Irapuato hizo un llamado a fortalecer el trabajo en la familia, la educación y las escuelas, así como a una mayor corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos para cuidar el bienestar común.
