La movilización registrada este domingo en Huanímaro no solo fue una exigencia de justicia, también visibilizó las denuncias de la familia de Nayeli Escobar y Andrea Zavala sobre posibles irregularidades en la investigación del caso.
Tras recorrer las principales calles del municipio, el contingente arribó a la Presidencia Municipal, donde se concentró la inconformidad por la actuación de las autoridades en torno al doble feminicidio ocurrido el 14 de marzo.
Ahí, familiares y ciudadanos colocaron mensajes, fotografías y veladoras, mientras se señalaban presuntas omisiones y actos de encubrimiento que, aseguran, han entorpecido el esclarecimiento de los hechos.
Entre los principales señalamientos destaca la existencia de un segundo implicado, quien habría sido detenido inicialmente, pero posteriormente liberado por un mando de la Policía Municipal.
De acuerdo con la versión de los familiares, este sujeto es el propietario de la camioneta en la que las jóvenes fueron vistas por última vez y que habría sido utilizada durante la agresión.
La posible relación de este individuo con un funcionario del Ayuntamiento ha generado mayor molestia entre los manifestantes, quienes consideran que pudo haber trato preferencial.
Otro de los reclamos expuestos durante la protesta fue la presunta omisión de auxilio por parte de elementos de seguridad, al señalar que una de las víctimas aún presentaba signos vitales.
Además, exigieron acceso a evidencia clave como grabaciones de videovigilancia, así como sanciones contra funcionarios y peritos que, aseguran, incurrieron en irregularidades.
Aunque la Fiscalía informó la detención de un presunto responsable, la familia sostiene que no actuó solo y que la movilización continuará hasta que se investigue a todos los involucrados y se garantice justicia plena.
