
La exsenadora del PAN, Alejandra Reynoso Sánchez, junto con otros militantes del partido, mantiene vigentes varias impugnaciones contra el proceso de elección de la nueva dirigencia estatal del PAN en Guanajuato, por irregularidades y violaciones a los estatutos y reglamentos internos del partido.
Reynoso Sánchez advirtió de que continuar con el proceso actual representaría un grave retroceso para la democracia interna del PAN, dado que, según los recursos presentados, se han evidenciado violaciones a los procedimientos establecidos.
Entre los puntos controvertidos se encuentran la falta de legitimidad de quienes convocaron a la elección, la injerencia del Comité Directivo Estatal (CDE) para inducir un método extraordinario de selección con solo 110 consejeros, y la negación del derecho al voto a los militantes.
Añadió que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sigue su curso, y el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) es el encargado de analizar el fondo del asunto y emitir una resolución conforme a la Constitución y los estatutos del partido.
“En materia electoral, las decisiones judiciales pueden tener efectos restitutorios, lo que podría llevar a la anulación del proceso y la convocatoria de una nueva elección en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas”, añadió.
Además de Reynoso Sánchez, la impugnación cuenta con el respaldo de numerosos militantes del PAN de distintos municipios del estado, quienes han interpuesto recursos ante los órganos jurisdiccionales del partido.
Estos militantes, entre los que se encuentran Rolando Fortino Alcantar Rojas, Román Cifuentes Negrete, y Mauricio Roberto Fuentes Jiménez, entre otros, buscan que se respeten los derechos de los afiliados y que el proceso de elección sea transparente y apegado a la normativa interna.
Los puntos clave de la impugnación incluyen la falta de designación de un presidente o presidenta sustituta tras la renuncia del anterior líder, la injerencia indebida del CDE, la exclusión de los militantes del proceso de votación, y la falta de criterios claros en la convocatoria para la aplicación de acciones afirmativas para el periodo 2024-2027.