El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México planteó un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos de Abasolo, Acámbaro, Comonfort, Dolores Hidalgo C.I.N., Irapuato, Jaral del Progreso, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Silao del a Victoria, Tarandacuao, Victoria y Yuriria para que realicen a la brevedad los ajustes a sus reglamentos, disposiciones y estructuras orgánicas para la implementación y funcionamiento de las Procuradurías Auxiliares en cada municipio.
De igual manera, a los ayuntamientos de Atarjea, Celaya, Comonfort, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo C.I. N, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria para que diseñen y aprueben su Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
El diputado Juan Carlos Oliveros Sánchez subió a tribuna para exponer las consideraciones de la propuesta. Se refirió a las reformas aprobadas con las que se fortalecieron las instituciones especializadas en la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Guanajuato.
En ese sentido, comentó que dieron lugar a la creación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal; así como, la obligación de los ayuntamientos de contar con un programa de atención y un área o personas servidoras públicas encargadas de fungir como autoridad de primer contacto con niñas, niños y adolescentes y ser el enlace con las instancias estatales y federales competentes.
Mencionó que se estableció que los ayuntamientos tenían que establecer procuradurías auxiliares, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones generales, constitucionales e internacionales de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Oliveros Sánchez indicó que el plazo para realizar todos los ajustes fue de 180 días y ya venció, por lo que era urgente que los municipios llevaran a cabo las acciones pertinentes para la implementación y funcionamiento de las procuradurías auxiliares.
