SALAMANCA, GTO. – En un pronunciamiento conjunto, la dirigencia estatal y municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fijó su postura frente a la crisis de violencia que atraviesa Salamanca y el país, señalando que la estrategia federal ha fracasado y que la autonomía democrática de México se encuentra bajo amenaza.
La diputada Ruth Tiscareño, presidenta del CDE; Eligio González, delegado del CEN; y Guillermo Hernández, dirigente del PRI en Salamanca, coincidieron en que la defensa de la democracia, la seguridad y la economía familiar son los ejes que el tricolor impulsará de cara al escenario actual.
Alerta por centralización electoral.
El delegado Eligio González denunció la iniciativa denominada “Ley Maduro”, la cual busca que el Gobierno Federal tome el control del sistema electoral. Advirtió que esto debilitaría al INE y eliminaría la imparcialidad de los procesos.
“Hoy los ciudadanos organizan y cuentan los votos, lo que garantiza confianza. Cualquier intento de debilitar al órgano electoral es un retroceso democrático grave”, explicó González.
Inseguridad en Salamanca: “Un clima de impunidad”.
Respecto a la situación local, los priistas señalaron que los recientes hechos violentos en Salamanca han evidenciado que la autoridad se encuentra rebasada. Atribuyeron el incremento de homicidios, secuestros y desapariciones a la reducción presupuestal que inició en 2018, dejando a las policías municipales sin equipo ni capacitación.
• La demanda: El PRI exige la instalación inmediata de comisiones bicamerales para dar seguimiento a la seguridad y la presentación de una Agenda Nacional de Riesgos.
• La crítica: Calificaron la política de «abrazos» como insuficiente y dañina, señalando que la impunidad en Salamanca pone en riesgo la vida de ciudadanos inocentes.
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Protección a la economía y sectores vulnerables.
Para mitigar la desigualdad económica, el partido propuso una serie de iniciativas legislativas y sociales:
• Subsidios alimentarios: Dirigidos a personas con ingresos menores al salario mínimo y trabajadores informales.
• Seguridad Digital Infantil: Una ley para proteger a menores de contenidos nocivos en internet.
• Apoyo al campo: Reasignación de recursos para mejorar los precios de los granos y fortalecer al sector agropecuario.
• Simplificación fiscal: Facilitar trámites para que negocios informales puedan integrarse a la economía formal y atraer inversión extranjera.
Finalmente, los dirigentes subrayaron que la prioridad va más allá de la política partidista: «Lo que queremos es vivir en paz, que nuestros hijos vayan a la escuela con la certeza de que regresarán a casa», concluyeron, exigiendo al Gobierno Federal metas concretas y resultados verificables.
