La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencias de hasta 60 años de prisión contra cuatro integrantes de un grupo delictivo relacionado con la privación ilegal de la libertad que operaba en el municipio de Salamanca, tras acreditar su responsabilidad durante un juicio oral.
La institución informó que el Ministerio Público presentó pruebas científicas, periciales y testimoniales que permitieron demostrar la participación de los acusados y obtener un fallo condenatorio.
Las investigaciones establecieron que los hechos comenzaron la noche del 23 de abril de 2024, cuando Daniel y Brayan Michel irrumpieron en un domicilio de la colonia Santa Elena de la Cruz, donde sometieron a la víctima. Horas más tarde, durante la madrugada del 24 de abril, la privaron de la libertad, además de apoderarse de dinero en efectivo y una camioneta, para posteriormente exigir a la familia una fuerte suma de dinero con un plazo de 24 horas.
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro acreditó que la víctima permaneció retenida en un inmueble vigilado por Daniel. Aunque la familia realizó un primer pago, los responsables exigieron una segunda entrega.
El 26 de abril de 2024, Brayan Michel acudió al domicilio de la familia para recoger el segundo pago solicitado.
Al mismo tiempo, Daniel llegó al lugar con la víctima y la liberó dentro de la vivienda, para posteriormente reunirse con Salvador y Alma Evelin, quienes realizaban labores de vigilancia en los alrededores a bordo de un vehículo.
La intervención de agentes de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto permitió detener en flagrancia a los cuatro implicados.
Tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal dictó una sentencia de 60 años de prisión para Daniel y de 55 años para Brayan Michel, mientras que Salvador y Alma Evelin fueron condenados a 37 años y seis meses de cárcel por su participación como vigilantes del grupo delictivo.
Además de las penas de prisión, los sentenciados deberán pagar multas, cubrir la reparación del daño material y no podrán acceder a beneficios o sustitutivos penales.
