Al afirmar que México ha dejado de ser una democracia, al haber una desigualdad del ciudadano frente a la ley, al perder la independencia del Poder Judicial, Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, dejó en claro que esto tendrá un impacto negativo en los delitos.
De hecho, mencionó que el sexenio que terminó, tuvo casi un 40% más de homicidios que el de Enrique Peña Nieto y un 60% más que el de Felipe Calderón Hinojosa, aunado a que en el sexenio pasado desaparecieron 53 mil personas.
Rivas Rodríguez mencionó que el sexenio de AMLO fue el que presentó más delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, feminicidios, delitos que atentan contra la libertad, extorsión, guachicol, robo a negocio, narcomenudeo, trata de personas y violencia familiar.
El director general del Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad mencionó de hecho, que un delito que se ha posicionado, es la extorsión, sin que haya una estrategia real para erradicarla, solo buenas intenciones, como la Coordinación Nacional Antisecuestro.
“La extorsión afecta no solo el patrimonio de las personas, poner en riesgo sus vidas, y genera el control del territorio por parte de la delincuencia, no es un espacio ciudadano”, dijo.
Francisco Rivas mencionó que la extorsión se ha convertido un delito complejo de tratar, de clasificarlo, que florece donde hay oportunidad.
Según el INEGI, ocurren casi 5 millones de extorsiones en el país en todas las modalidades, de las cuales, 300 mil son consumadas, pero, de acuerdo a líder del Observatorio, este número no se parece ni de chiste a la mitad de las cifras reales, derivado de la “cifra negra”.
Rivas Rodríguez mencionó que además del miedo y de la vulnerabilidad, la extorsión genera un desplazamiento forzado y en el peor de los casos, la competitividad de los sitios.
Mencionó que una mayoría de las llamadas de extorsión salen de los penales, por lo que, según cifras, un interno puede llegar a hacer por día, hasta 250 llamadas, pese a que existen protocolos para que no ingresen celulares y que el perímetro penitenciario tenga bloqueadores de señal.
El director general del Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad dijo que en la mayor parte de los casos son los custodios los que rentan los teléfonos o las tarjetas SIM a los delincuentes.
Por ello, dijo que, para reducir este delito, se requieren reformas, limpiar las instituciones y eliminar a las autoridades todas las barreras que limitan investigar la extorsión para que los ciudadanos afectados estén en primer lugar.
