SALAMANCA, GTO. — Tras la jornada violenta del pasado 22 de febrero, el Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado una revisión exhaustiva de sus normativas y presupuestos con el objetivo de brindar certeza jurídica y apoyo económico a los transportistas y particulares que perdieron sus vehículos en los siniestros.
El Secretario del Ayuntamiento, Esaú Cano Calvete, confirmó que la administración municipal ya mantiene mesas de trabajo con los concesionarios del servicio público de ruta fija, particularmente de la Ruta 24 (Cerro Gordo), para determinar los mecanismos legales que permitan la renovación de sus unidades.
El reto: El marco jurídico y el presupuesto
El principal enfoque de la autoridad en este momento es encontrar la vía legal para asignar recursos que no estaban contemplados originalmente en el ejercicio fiscal actual.
»Estamos revisando qué es lo que tenemos para poder apoyarles de manera económica; necesitamos analizarlo, sobre todo en el marco legal, pues recordemos que nosotros ya tenemos todo presupuestado», puntualizó Cano Calvete.
Puntos clave de la estrategia legal:
• Gestión de Partidas Especiales: Se busca la creación o reasignación de partidas presupuestales para cubrir los daños materiales de las unidades que representan el sustento de familias locales.
• Asesoría a Particulares: Aunque el enfoque inicial ha sido el transporte público, el municipio se mantiene abierto a analizar la situación de ciudadanos particulares bajo el mismo rigor de legalidad.
• Coordinación Estatal: Se espera que el Gobierno del Estado de Guanajuato se sume a estos esfuerzos para robustecer el fondo de apoyo y agilizar los trámites de indemnización o reposición.
Mientras se definen estos lineamientos, el servicio de transporte hacia comunidades como Cerro Gordo y El Divisador ya ha sido restablecido, operando bajo un esquema de vigilancia coordinada para garantizar la seguridad de los usuarios y operadores.
