La suprema corte de justicia de la nación determino la constitucionalidad de la facultad de la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para bloquear cuentas bancarias por meros indicios y sin orden judicial.
El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz propuso confirmar la reforma hecha en 2022, declarar que la facultad de la UIF tiene el carácter administrativo y no penal, señalar que existe el derecho de audiencia y ofrecer pruebas. La propuesta fue aprobada por una mayoría de seis ministros; mientras que Yazmin Esquivel y los ministros, Giovanni Figueroa y Aristides, Guerrero, votaron en contra.
Éstos tres ministros expresaron durante sus intervenciones sus dudas sobre la facultad de la UIF de incluir personas en la lista de bloqueados ante instituciones financieras cuándo existan indicios de vínculos con el lavado de dinero o de financiar el terrorismo.
Fuente Latinus
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